El huracán
Fiona ha afectado sensiblemente a la República Dominicana, especialmente en la
zona este, donde el gobierno está haciendo un levantamiento de los daños
causados por este fenómeno natural.
Para hacerle
frente a estos episodios, dentro de las normativas dedicadas a mejorar la
mitigación y respuesta ante desastres naturales, la Ley Orgánica de Presupuesto
No. 423-06 asigna un 1% de los Ingresos Corrientes—con autorización de
adicionar un 0.5% del PIB nominal de ser necesario—estimados del Gobierno
Central para cubrir imprevistos por calamidades públicas.
En el
Artículo 67, sobre Financiamiento para
gestión de riesgos por desastres naturales, «se autoriza al Poder Ejecutivo, a
través del Ministerio de Hacienda, a contratar financiamiento y/o instrumentos
contingentes de gestión de riesgos ante desastres originados por fenómenos
naturales, por un monto máximo de trescientos millones de dólares
estadounidenses (US$300,000,000), a una tasa de interés y comisiones
compatibles con las vigentes en el mercado para la República Dominicana y con
un plazo mínimo de 7 años, con la finalidad de contar con recursos para la
atención de emergencias, rehabilitación y/o reconstrucción de daños causados
por desastres originados por fenómenos naturales».
Si tomamos
en cuenta la tasa de cambio promedio que se utilizó para la confección del
Presupuesto General del Estado (60.93) serían un poco más de 18 mil millones de
pesos.
Como opción
de financiamiento ante desastres, el Gobierno dominicano accedió a la línea de
crédito contingente ante desastres (CAT-DDO) originados por fenómenos naturales
o eventos de salud pública por un monto de US$150 millones.
El
presidente Luis Abinader inicia plan operativo de respuesta inmediata a La
Altagracia por paso de Fiona.
Lo que dice
la Ley No. 423-06
Junto al
Banco Mundial (BM) se han realizado esfuerzos para obtener una cuantificación
inicial de los pasivos contingentes asociados a los desastres naturales, así
como una estimación de las pérdidas económicas potenciales causadas por estos
fenómenos de gran magnitud.
La República
Dominicana por su condición de país insular es altamente vulnerable al
incremento en frecuencia y en intensidad de los fenómenos atmosféricos en los
últimos 60 años, estos siendo intensificados por la evolución del cambio
climático. Las principales amenazas que aquejan al país son tormentas
tropicales e inundaciones, y en menor grado de ocurrencia sequias, sismos e
incendios forestales.
En las
últimas décadas la frecuencia con la que ocurren desastres ha pasado de un
evento cada dos años en promedio en la década de los años 1960, casi un evento
por año en la década de 1990 y 2.3 eventos por año en la década del 20102.
De igual
forma, los efectos adversos del cambio climático y la concentración poblacional
han incrementado el grado de exposición de las ciudades y el impacto de estos
fenómenos.
Entre 1960 y
2017, las pérdidas directas e indirectas provocadas por los eventos más severos
en la República Dominicana se estimó en US$ 8,606 MM (dólares de 2015). Estos
eventos importantes contaron con procesos detallados de evaluación de pérdidas
directas e indirectas, permitiendo cuantificar las afectaciones a nivel
sectorial, donde la mitad de las pérdidas se concentra en los sectores
agrícolas y de infraestructura de transporte. Es importante destacar, que
dichas pérdidas corresponden a afectaciones tanto para el sector público como
privado e informan sobre el shock financiero por desastres a nivel nacional.
Al asumir
esos pasivos contingentes, el Gobierno ha creado varios antecedentes y muy
probablemente, se verá obligado (por presión social o política) a volver a
asumir esos pasivos en caso de desastres futuros. Dicho esto, la cuantificación
del impacto y la contingencia que estos eventos generan es relevante hoy para
poder hacer frente a futuras eventualidades.
Como parte
de la colaboración del BM, se elaboró el Perfil Nacional de Riesgo Catastrófico
(CDRP por sus siglas en inglés), el cual permite evaluar las pérdidas
económicas probables asociadas a la amenaza sísmica y de vientos huracanados
para República Dominicana. El CDRP es una estimación de las potenciales pérdidas
económicas por afectación a los bienes inmuebles causados por eventos naturales
adversos de gran magnitud, (catastróficos) y están relacionados a las
afectaciones por huracanes (componente de viento) y sismos. Dicha evaluación
sirve como indicador de referencia en la toma de decisiones sobre los
instrumentos financieros a implementar y sus coberturas.
El nivel de
riesgo en términos económicos se expresa a través de las curvas de probabilidad
de excedencia de pérdidas. A partir de estas medidas, se derivan dos métricas
claves para la protección financiera: la pérdida promedio anual y la pérdida
máxima probable (AAL y PML, respectivamente, por sus siglas en inglés). La
pérdida promedio anual se define como el valor esperado de la distribución de
pérdidas modeladas, y corresponde al promedio de las pérdidas potenciales
incurridas en el muy largo plazo. La pérdida máxima probable se define como el
nivel de pérdida que se superará por lo menos una vez, en un periodo de retorno
específico.
En el marco
del CDRP, el cálculo del valor total de la exposición de los bienes inmuebles
en la República Dominicana arrojó un monto de US$153,000 MM y se concentra en
un 43.0% en el área metropolitana del Gran Santo Domingo.
La distribución de los bienes expuestos en
términos de áreas urbanas y rurales es de 85.0% y 15.0%, respectivamente. Se
considera que aproximadamente el 24.0% del stock de capital bruto en el país es
público y el resto privado.
Las curvas
de excedencia de pérdidas del modelo CDRP indican que existe una probabilidad
anual de un 2% (periodo de retorno de 50 años) de que las pérdidas por
terremoto superen los US$3,176.0 millones (3.6% del PIB de 2021); Existe una
probabilidad anual del 2% de que las pérdidas por huracanes superen los US$
6,124 MM (6.9% del PIB de 2021). De acuerdo a estas estimaciones las pérdidas
potenciales por vientos huracanados son más importantes que las pérdidas por
sismos en períodos de retorno menores, pero son muy similares para periodos de
retornos mayores.
Las
estimaciones del CDRP indican que, a nivel nacional, las pérdidas potenciales
incurridas cada año, se elevan a US$ 345 MM para vientos huracanados (0.4% del
PIB de 2021) y a US$ 297 MM (0.3 % del PIB de 2021) para sismos. A nivel
provincial, las pérdidas anuales promedio por sismos y huracanes varían
dependiendo de la vulnerabilidad de los bienes localizados en las provincias y
de la exposición de cada provincia a la amenaza considerada.
Debido a las
vulnerabilidades que el país presenta ante este tipo de riesgo se han
implementado diversas estrategias de mitigación para garantizar una gestión
efectiva de las potenciales amenazas, una respuesta inmediata y una
rehabilitación integral de las principales zonas afectadas.
A través de
la Ley 147-02, sobre Gestión de Riesgos, se crea el Sistema Nacional de
Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres (SN-PMR) como el conjunto de
orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e instituciones que
permiten la puesta en marcha de los objetivos de gestión de riesgos.
Asimismo,
esta normativa da lugar al Fondo Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta
ante Desastres (FN-PMR), este es un instrumento de la Comisión Nacional de
Emergencias y posee autonomía administrativa, técnica y financiera. Este fondo
tiene el propósito de prestar asistencia a la población en caso de desastres y
de llevar a cabo la constante prevención y mitigación del impacto de estos
riesgos.
El Centro de
Operaciones de Emergencias (COE) se encarga de la planificación de las acciones
entre las instituciones del Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y
Respuesta.
La Comisión
Nacional de Emergencias (CNE) es el organismo de credibilidad en la población,
siendo los portavoces válidos y confiables frente a la comunidad nacional e
internacional en momento de un desastre.
Dentro de
las normativas dedicadas a mejorar la mitigación y respuesta ante desastres
naturales, la Ley Orgánica de Presupuesto No. 423-06 asigna un 1% de los
Ingresos Corrientes—con autorización de adicionar un 0.5% del PIB nominal de
ser necesario—estimados del Gobierno Central para cubrir imprevistos por
calamidades públicas.
Como opción
de financiamiento ante desastres, el Gobierno dominicano accedió a la línea de
crédito contingente ante desastres (CAT-DDO) originados por fenómenos naturales
o eventos de salud pública por un monto de US$150 MM.
El CAT-DDO
responde a la implementación de la estrategia de endeudamiento público, que
incluye disponer de instrumentos contingentes para socorrer a los damnificados
de una catástrofe sin necesidad de obtener financiamientos acelerados con
mayores costos o desviar recursos de otras inversiones prioritarias
proporcionando así liquidez oportuna en caso de declararse un Estado de
Emergencia para responder a una catástrofe.
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