Santo
Domingo.– El Ministerio Público solicitó al Primer Juzgado de la Instrucción
del Distrito Nacional medida de coerción y enviar a juicio de fondo a siete
implicados en la agresión ocurrida el pasado abril en el Canódromo a una
comisión encabezada por el defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, y periodistas.
La medida de
coerción consiste en el pago de una garantía económica, impedimento de salida y
presentación periódica.
La Fiscalía
del Distrito Nacional depositó el 5 de agosto en la Oficina Coordinadora de los
Juzgados de la Instrucción la acusación formal contra los siete implicados.
Los acusados
son Ysabelita de los Santos Pérez, quien en el momento del suceso era encargada
del Centro de Retención Vehicular o Canódromo; Geraldina de los Santos Peña,
Marisol Vargas, Nataniel Javier, Starling Ramírez Sierra, Ronny Recio Rosario y
Carlos Oliver Borque Paulino.
Las fiscales
establecen que los imputados agredieron a las víctimas, tanto de manera física
como verbal, cuando se dirigían al despacho de Los Santos, de la Dirección
General de Seguridad y Transporte Terrestre (Digesett).
La visita
del Defensor del Pueblo había sido anunciada y los miembros de su equipo
estaban identificados con chalecos y gorras de la institución.
La
inspección se produjo después de denuncias en medios de comunicación del mal
estado de las instalaciones del depósito, donde permanecen almacenados miles de
automóviles y motocicletas que han sido confiscados a sus propietarios.
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